viernes, 8 de febrero de 2013

Realpolitik. Violencia en Acapulco

Oscar Basave Hernández

En los últimos meses varios informes han dado cuenta del fenómeno de la violencia, que se ha convertido en un verdadero flagelo. Más aún cuando no se trata, en estos casos, de países en guerra, sino resultado de hechos delictivos. Acapulco como ciudad ha estado presente en los primeros lugares, sin embargo el hecho de colocarlo en segundo lugar mundial, provocó un desmentido y rechazo del gobierno del estado.

El informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que obligó al gobierno del estado a emitir su postura, que por cierto es la primera vez que lo hace ante uno de los estudios dados a conocer. Los otros informes presentados a finales del año pasado señalan una información que coincide con la del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

México Evalúa en un largo informe titulado "Indicadores de víctimas visibles e invisibles", indica que el país registró el mayor crecimiento promedio anual en homicidios intencionales de todo el mundo entre 2007 y 2010, y el estado de Guerrero contribuye desde el 2008 con cien homicidios mensuales.

Lantia Consultores señalaba en otro informe que Acapulco era, por cuarto mes consecutivo, el municipio más violento del país con 78 ejecuciones registradas, durante el mes de octubre. La violencia provocada por el crimen organizado dejó 887 muertos durante el mes de octubre, 446 de ellos durante la primera quincena y 441 durante la segunda, todas ellas producto de 70 enfrentamientos registrados entre el Ejército y el crimen organizado.

El periódico Milenio indica en un reportaje sobre la fosa común, que de 24 mil 102 cuerpos que han ido a parar a ese lugar, 164 corresponden al estado de Guerrero. Asimismo, el periódico La Jornada señalaba que la entidad a pesar del número de muertos, no tenía un laboratorio para la identificación de los cuerpos que acababan en la fosa común, y que se obligaba a los familiares a un peregrinar insensible de reconocimientos de cadáveres.

Todos los informes aquí citados adolecen del mismo problema y la misma queja que el gobierno del estado en su rechazo a los datos, la falta de información oficial creíble y ordenada. De hecho eso mismo es parte de la medición, mientras otros países tienen datos actualizados, ordenados y de acceso fácil, en otros su información es desordenada y desactualizada y en su consulta por dependencia, los datos son diferentes.

Por eso cuando, el gobierno del estado de Guerrero señala en su comunicado de prensa, los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, “son una distorsión de la realidad, pues el mencionado Consejo no revela en detalle las fuentes de la información que presenta, lo que se traduce en una evidente inconsistencia metodológica que le resta toda credibilidad al documento… No compartimos en absoluto las cifras difundidas y mucho menos cuando se reconoce textualmente que se nutren “de un conteo propio, a partir del análisis de notas periodísticas”.

Esto es lo que los tres informes, el del Consejo, el de México Evalúa y el de Lantia Consultores, apuntan que en el caso de México el seguimiento a la información periodística sobre los crímenes, es necesaria debido a la opacidad informativa con que se manejan los gobiernos y a la propia distorsión de sus datos, puesto que las dependencias dan diferente información.

Los tres informes, aquí citados, presentan con claridad la metodología para recolectar los datos, algo que el gobierno de la entidad acusa que no existe para abogar por sí mismo.

El gobierno del estado, en especial el gobernador Angel Aguirre Rivero, niegan sistemáticamente que exista ese grado de violencia que los estudios señalan. Pero no sólo las investigaciones, sino cualquier otra situación que tenga como origen el reclamo por los altos niveles de inseguridad, como las marchas de los maestros, los levantamientos de civiles armados. A todos ellos les pide respetar el Estado de Derecho, pero el primer obligado en hacerlo respetar es el mandatario, que sólo quiere hacerlo cumplir a quienes no se dejan amedrentar por los grupos de maleantes.

Sí el gobernador de Guerrero se dedicara a hacer su trabajo en lugar de desmentir los estudios sobre la violencia en Acapulco, se dedicará a su verdadero trabajo. Ni siquiera estuviéramos en esos informes que desmiente. O lo otro que podría hacer es prestarnos su mundo.